Transición Española
Se entiende por Transición Española el proceso por el que España logró pasar de la dictadura de Francisco Franco, a un Estado social, democrático y de derecho. Las fechas de duración más aceptadas son el 20 de noviembre de 1975 para su inicio (fallecimiento del dictador) y el 28 de octubre de 1982 (victoria electoral del PSOE) para su finalización.
El papel político del Rey Juan Carlos I
La muerte del general Franco convirtió en protagonista político a Don Juan Carlos de Borbón. Hasta noviembre de 1975 el príncipe se había mantenido en un discreto segundo plano siguiendo las pautas marcadas por Franco. Pero la desaparición del general iba a poner en evidencia que Don Juan Carlos tenía un proyecto político. En realidad se trataba del proyecto que su padre, Don Juan de Borbón, defendía desde 1946: el de facilitar, como rey de España, la implantación de un sistema político democrático en el país.
De hecho era un proyecto que contaba con amplios apoyos dentro y fuera de España. Los países occidentales, encabezados por los Estados Unidos, lo deseaban. Un sector importante del capitalismo español e internacional lo apadrinaba. Una parte muy destacada de la oposición al franquismo apostaba también por ésta salida política para el país. Incluso era una solución que contaba cada vez con más partidarios dentro del régimen franquista.
Así pues, la transición podía parecer fácil, pero en realidad no lo era. El fantasma de la guerra civil parecía agitarse aún ante un país en el que existían grupos radicales de extrema izquierda y donde tampoco faltaban grupos franquistas de extrema derecha que contaban con un apoyo considerable dentro del ejército. Si llegaba a producirse una situación política incontrolable, cualquier chispa podría iniciar un temible proceso de acción-reacción.
La realización de dicho proyecto exigía que la oposición controlara a sus partidarios para evitar cualquier provocación y que el ejército no cayera en la tentación de intervenir en el proceso político para salvar las estructuras franquistas. En esta doble dirección se movió la actuación política de Don Juan Carlos y sus colaboradores.
Don Juan Carlos inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado para el nombramiento de su primer jefe de gobierno. Sólo que en su discurso ante las Cortes se mostró abierto a la transformación del sistema político español.
El primer gobierno de la monarquía (enero-julio de 1976)
El primer gobierno de Don Juan Carlos fue presidido por Carlos Arias Navarro. El rey se ajustó para este nombramiento a las pautas marcadas por la Ley Orgánica del Estado de 1966: el Consejo del Reino propuso una terna de candidatos y, de ellos, el rey escogió a Arias Navarro.
El nombramiento de Arias Navarro ofrecía un panorama claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas. Sin embargo entraron a formar parte del nuevo gobierno tres personalidades que, habiendo colaborado con el régimen franquista, eran, en 1976, partidarias decididas de la transición hacia un régimen democrático. José María de Areilza, que formó parte del Consejo Privado de Don Juan, ocupó la cartera de Asuntos Exteriores. El diplomático Antonio Garrigues y Díaz Cañabate fue nombrado Ministro de Justicia. Manuel Fraga Iribarne se hizo cargo de la cartera de Gobernación. Pero, para mantener el equilibrio, se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.
Hubo otros dos nombramientos que, con el tiempo, se revelaron muy importantes para el cambio político: Torcuato Fernández Miranda, un profesor universitario procedente de las filas del Movimiento, ocupaba la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino; y Adolfo Suárez, que también había hecho su carrera política dentro del Movimiento, se haría cargo de la Secretaría General del Movimiento con rango de ministro.
La situación que tenía que afrontar el nuevo gobierno era harto difícil. La agitación de la oposición iba en aumento, las manifestaciones en petición de amnistía eran frecuentes y en el País Vasco la tensión crecía sin cesar. ETA prosiguió con sus atentados y el apoyo popular con que podía contar se manifestaba en múltiples actos de protesta. A principios de marzo de 1976 una huelga general en Vitoria que duraba ya muchos días estalló forma de agitación callejera a la que la policía respondió con dureza; el resultado fue la muerte de tres personas y la pérdida de prestigio del ministro Fraga, que preconizaba una política de mano dura ante la agitación.
Por otra parte los grupos de la oposición se mostraban cada vez más impacientes exigiendo el desmantelamiento del régimen franquista en un plazo breve. La reunión de las fuerzas políticas de la oposición en marzo de 1976 dio origen a la creación de un organismo, "Coordinación Democrática", que manifestó claramente que no aceptaría ninguna operación política de maquillaje del sistema franquista. Y, sin embargo, esto era lo único que tenía previsto Arias Navarro: pequeños retoques a la legalidad franquista. Pero algunos de sus ministros ya sabía que era preciso llegar mucho más lejos.
José María de Areilza, en el viaje que realizó a los Estados Unidos acompañando al rey, en junio de 1976, se manifestó totalmente partidario de la implantación de un sistema democrático en España. Adolfo Suárez mantenía frecuentes contactos con miembros de la oposición moderada para planificar los primeros pasos de la transición. Por otra parte fue también el mismo rey quien, durante el viaje a Estados Unidos, se declaró plenamente favorable a la implantación de un sistema democrático en España. Por fin, ante los retrasos y reticencias de Arias Navarro, don Juan Carlos le exigió la dimisión (julio de 1976).
El primer gobierno de Adolfo Suárez (julio de 1976 - junio de 1977)
Fue Fernández Miranda, como presidente del Consejo del Reino, quien logró que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez. Éste fue escogido por el rey porque reunía las condiciones necesarias para realizar una operación política de evidente dificultad: convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que desmantelaran dicho sistema. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y se orillaba, en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición.
Adolfo Suárez presentó rápidamente un programa político muy claro basado en dos puntos:
Elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en Referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para implantar en España un sistema de democracia liberal.
Convocatoria de elecciones democráticas en junio de 1977 para elegir unas Cortes encargadas de redactar la nueva Constitución democrática.
El programa era claro e inequívoco, pero su realización fue muy difícil y puso a prueba la capacidad política de Adolfo Suárez. Éste tenía que convencer a la oposición para que entrara en su juego y al ejército para que no interrumpiera el proceso, además tenía que controlar la situación en el País Vasco, que se estaba haciendo insostenible por días.
Pero a pesar de todas las dificultades, el proyecto de Suárez se fue aplicando sin dilaciones entre julio de 1976 y junio de 1977.
La realización del programa de Suárez (julio de 1976 - junio de 1977)
En este breve periodo de tiempo Adolfo Suárez tuvo que actuar en varios frentes para realizar su proyecto reformista.
La Ley para la Reforma Política
El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el gobierno de Suárez en septiembre de 1976. Esta ley tenía que abrir la puerta un sistema de democracia parlamentaria en España. Esta ley no concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Esta ley venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue debatida por las Cortes que, bajo la hábil presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos negativos y 13 abstenciones.
El gobierno de Suárez quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un Referéndum en el que participó el 77,72% del censo electoral: el 94% de los participantes en el referéndum dieron un voto afirmativo.
A partir de este momento se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, que serviría para elegir a los diputados de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una Constitución democrática.
Pero para que este segundo punto pudiera realizarse Suárez tenía que resolver un problema crucial: ¿aceptarían los grupos de la oposición colaborar en el proceso de transición política que se había iniciado sin su participación? Para resolver este problema tuvo que abordar otro tema muy delicado: el de los pactos con la oposición antifranquista.
Relaciones del gobierno de Suárez con la oposición
Para dar credibilidad a su proyecto, Suárez fue adoptando una serie de medidas políticas. En julio de 1976 hubo una amnistía política parcial que fue ampliada en marzo de 1977 y que se convirtió en total en mayo del mismo año. En diciembre de 1976 fue disuelto el TOP. En marzo de 1977 se legalizó el derecho de huelga y en abril del mismo año se decretó la libertad sindical. También en marzo de 1977 se promulgó una Ley Electoral que cumplía las condiciones necesarias para ser homologada con las de los países que tenían un sistema de democracia liberal parlamentaria.
Con todas estas medidas de gobierno, Suárez iba cumpliendo las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Estas fuerzas opositoras se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una Plataforma de Organizaciones Democráticas.
Suárez había iniciado sus contactos políticos con la oposición entrevistándose con Felipe González, secretario general del PSOE, en agosto de 1976. La actitud posibilista del líder socialista dio alas a Suárez para llevar adelante su proyecto político, pero todo el mundo percibía claramente que el gran problema para la normalización política del país iba a ser la legalización del Partido Comunista. Éste constituía, en aquel momento, el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición, pero, en una entrevista que tuvo Suárez con los mandos más destacados del ejército (septiembre de 1976), éstos le manifestaron claramente su oposición frontal a la legalización del PCE.
El PCE, por su parte, actuaba cada vez más públicamente para exponer sus puntos de vista: según los comunistas, la Ley para la Reforma Política era antidemocrática y, además, las elecciones para las Cortes Constituyentes tenían que ser convocadas por un gobierno provisional del que formaran parte las fuerzas políticas de la oposición. Dado que, además, la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por la Ley para la Reforma Política, Suárez tuvo que arriesgarse aún más para implicar en su juego a las fuerzas del oposición.
En diciembre de 1976, el PSOE celebraba en Madrid su XXVII Congreso y empezaba a desmarcarse de las exigencias del PCE, afirmando que pensaba participar en la próxima convocatoria electoral para las Cortes Constituyentes. Al empezar el año 1977, el año de las elecciones, Suárez se decidió afrontar el problema de la legalización del PCE. En febrero de este año se entrevistó con Santiago Carrillo, secretario del PCE, convencido de que el proceso de la normalización política no era viable si se hacía al margen del PCE. La disposición de Carrillo a colaborar sin exigencias previas y su ofrecimiento de un "pacto social" para el periodo posterior a las elecciones, empujaron a Suárez a dar el paso más arriesgado de la transición: la legalización del PCE (abril de 1977).
Relaciones del gobierno de Suárez con el ejército
Adolfo Suárez conocía bien que el llamado "búnker" (el grupo de los "duros" del franquismo, dirigido por José Antonio Girón y Blas Piñar, que tenía como portavoz del periódico El Alcázar) tenía muy buenos contactos con oficiales del ejército y ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores militares. Estas fuerzas podían constituir un obstáculo insalvable si lograban poner al ejército en contra de la reforma política.
Para salvar ésta dificultad, Suárez intentó apoyarse en el grupo de militares más liberales del círculo del general Díez Alegría, a los que intentó colocar de los puestos de mayor responsabilidad. La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del ejército fue el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero en julio de 1976 el vicepresidente para asuntos de Defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista del ejército. De Santiago, que había manifestado su inquietud ante la primera amnistía de julio de 1976, se opuso frontalmente a la Ley de Libertad Sindical, elaborada por el gobierno en septiembre del mismo año. En este momento Suárez quiso imponer su autoridad en el gobierno: destituyó a Fernando de Santiago (21 de septiembre) y nombró en su lugar a general Manuel Gutiérrez Mellado. Este enfrentamiento con el general De Santiago le acarreó a Suárez la oposición de un amplio sector del ejército, oposición que se agudizó aún más si cabe con la legalización del PCE (abril de 1977).
Pero entretanto Gutiérrez Mellado actuaba con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma política y para sustituir a los mandos de las fuerzas de seguridad (Policía Armada y Guardia Civil) que parecían más partidarios de conservar el régimen franquista.
En realidad Suárez quería demostrar al ejército que la normalización política del país no implicaba ni la anarquía ni la revolución. Para ello contaba con la colaboración de Santiago Carrillo; pero no pudo contar en absoluto con la colaboración de los grupos terroristas.
El terrorismo se reactiva
El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este periodo, en plena ebullición política. Las reivindicaciones de amnistía política obligaron a Adolfo Suárez a irla concediendo en distintas etapas hasta la amnistía total de mayo de 1977. Pero los enfrentamientos continuos entre policía y manifestantes no ayudaban precisamente a serenar los ánimos. ETA, que en el verano de 1976 parecía haber abierto una cierta tregua, reemprendió sus acciones terroristas en octubre del mismo año. Pero fue sobre todo entre diciembre de 1976 y enero de 1977 cuando se desencadenó un conjunto de acciones terroristas que mantuvieron al país en una situación de fuerte tensión.
Primero fue el GRAPO, que empezó colocando varias bombas y siguió con el secuestro de dos importantes personalidades del régimen: el Presidente del Consejo de Estado, José María de Oriol, y el general Villaescusa, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. Y, mientras duraban estos secuestros, un comando de la ultraderecha asesinaba a seis personas, cinco de ellas abogados laboralistas miembros del PCE, en un despacho de la calle de Atocha en Madrid.
Toda esta operación terrorista sonaba a maniobra de provocación, pero en aquellos momentos dramáticos Suárez consiguió que, por primera vez, buena parte de los líderes de la oposición reunidos con el Presidente del Gobierno, publicarán un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación de Suárez.
Sin embargo, las fuerzas del búnker se aprovecharon de la inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el caos.
Salvando todo este cúmulo de dificultades se pudo llegar al mes de junio fijado para la celebración de las elecciones a Cortes Constituyentes.
Las primeras elecciones y la redacción de la Constitución
Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977 y consagraron la existencia de cuatro importantes fuerzas políticas a nivel nacional, que se repartieron los votos emitidos de ésta forma:
Unión de Centro Democrático (UCD): 31,1%
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 28,6%
Partido Comunista de España (PCE): 9,4%
Alianza Popular (AP): 8,5%
En estas elecciones también empezó a manifestarse la fuerza electoral de los partidos nacionalistas en sus respectivos ámbitos: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Las Cortes empezaron a trabajar en la redacción de la Constitución en el verano de 1977 y, una vez terminado el texto constitucional, en el que se plasmó el acuerdo de las principales fuerzas políticas presentes en las Cortes, aquélla fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Los gobiernos de UCD
El gobierno se mantuvo en manos de la UCD por ser éste el partido que obtuvo mayor cantidad de votos, tanto en junio de 1977 como en marzo de 1979 (véase Legislatura Constituyente de España y I Legislatura de España). Pero para poder realizar su labor en el Parlamento, la UCD tuvo que pactar con otros partidos políticos, ya que no había obtenido en ninguna de las dos elecciones la mayoría absoluta de escaños.
La tarea ordinaria de gobierno que tuvo que realizar el partido desde 1979 puso de manifiesto la existencia de tendencias muy diversas dentro de la UCD (que no hay que olvidar que procedía de una coalición de partidos).
Los enfrentamientos entre las varias tendencias dentro del partido fueron desgastando la autoridad de Adolfo Suárez y su papel dirigente. La tensión estalló a partir de 1981: dimisión de Suárez como jefe de gobierno, nombramiento de Calvo Sotelo al frente del nuevo gabinete, abandono del partido por parte de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez y nombramiento de Calvo Sotelo como nuevo presidente de la UCD.
Entre las elecciones generales de 1979 y las de 1982, UCD pasó de ser el partido más votado a sufrir una espectacular derrota. Estos hechos acentuaron las tensiones internas del partido y del Gobierno y empujaron a Calvo Sotelo a disolver al parlamento y convocar elecciones para octubre de 1982.
La normalización democrática no evitó la continuación de las acciones terroristas de ETA y, en menor escala, del GRAPO. Paralelamente se detectaba una situación de desasosiego en varios sectores de las Fuerzas Armadas que hacían temer la preparación de un golpe militar. La ocupación del Congreso de los Diputados, la tarde del 23 de febrero de 1981 por un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero no alcanzó su objetivo, pero mostró claramente la existencia de una tendencia golpista dentro del ejército (véase Golpe de Estado de 1981 en España).
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El PSOE como partido de gobierno
Las elecciones de octubre de 1982 dieron la mayoría absoluta en el Parlamento al PSOE. Este partido llevaba ya varios años preparando su imagen de alternativa de gobierno.
En el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979) su secretario general, Felipe González, no quiso asumir las tendencias fuertemente revolucionarias que parecían dominantes en el partido; por esto presentó la dimisión de su cargo. Pero la convocatoria de un congreso extraordinario (septiembre de 1979) le permitió reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo de secretario general.
A lo largo de 1982 el PSOE confirmó su línea moderada con el acercamiento al grupo socialdemócrata de Fernández Ordoñez, que acababa de separarse de la UCD.
La obtención de la mayoría absoluta del parlamento en tres procesos electorales consecutivos (1982, 1986 y 1989) permitió al PSOE legislar y gobernar sin establecer pactos con otras fuerzas políticas parlamentarias. De esta forma, el PSOE pudo convertir en leyes muchos de los puntos de su programa. A la vez, el Partido Socialista, ha dirigido en este periodo muchas administraciones locales y autonómicas. En definitiva, la cómoda mayoría política de que ha gozado ha permitido al PSOE dar al país un largo periodo de tranquilidad y estabilidad política, tras los intensos años la transición.
Constitución española de 1978
La Constitución española de 1978 es la culminación de un periodo de la Historia de España conocido como Transición Española.
Concepto
La Constitución española de 1978 es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico español. Toda norma contraria a la Constitución será expulsada del ordenamiento jurídico, siendo el único competente para ello el Tribunal Constitucional. Siguiendo la línea de la estructura de las constituciones de la Edad Moderna, la Constitución española de 1978 consta de dos partes claramente diferenciadas:
Parte dogmática
En esta parte de la norma jurídica se hace una declaración de principios que indican y recogen los valores imperantes en la sociedad que la promulga. En la Constitución Española la parte dogmática está constituida por las siguientes partes:
Preámbulo
Título preliminar (artículos 1 a 9).
Título I, denominado «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55).
En la parte dogmática aparecen los principales derechos constitucionales de los ciudadanos españoles. A su vez, el Título preliminar contiene los Principios constitucionales que determinan la configuración del Estado y sus señas de identidad.
Parte orgánica
Se diseña la estructura del Estado regulando los órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema español conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu, entre Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial. Los apartados correspondientes en la Constitución Española son los siguientes:
Título II, «De la Corona» (artículos 56 a 65)
Título III, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96)
Título IV, «Del Gobierno y de la Administración» (artículos 97 a 107)
Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (artículos 108 a 116)
Título VI, «Del poder judicial» (artículos 117 a 127)
Título VII, «Economía y Hacienda» (artículos 128 a 136)
Título VIII, «De la organización territorial del Estado» (artículos 137 a 158)
Título IX, «Del Tribunal Constitucional» (artículos 159 a 165)
Título X, «De la reforma constitucional» (artículos 166 a 169)
La Constitución finaliza con las Disposiciones Adicionales, Transitoria, derogatoria y final.
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Historia
Vea Historia del constitucionalismo español para saber más sobre la historia constitucional de España.
Como parte de la Transición Española hacia la democracia, la muerte del dictador General Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, supuso la proclamación como Rey de Don Juan Carlos I, y poco después (en julio de 1976) la formación de un Gobierno presidido por Adolfo Suárez González, y designado según la legislación vigente. El Gobierno envió, en octubre de 1976, a las Cortes un proyecto de Ley para la Reforma política, que fue aprobado por las Cortes, y, posteriormente, y según todos los requisitos exigidos por las Leyes Fundamentales (señaladamente la Ley de Sucesión) sometido a referéndum.
Esta Ley para la Reforma política venía a suponer una notable alteración de las leyes fundamentales, sin introducir ella misma un sistema democratico-constitucional pero haciendo posible la creación de éste. La Ley se insertaba formalmente en el ordenamiento vigente (su disposición final la definía expresamente como «Ley fundamental») pero difería radicalmente en su espíritu de ese ordenamiento, ya que:
- Reconocía los derechos fundamentales de la persona como inviolables (artículo 1)
- Confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular (artículo 2), y
- Preveía un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de representación proporcional.
Posteriormente el Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo, reguló el procedimiento para la elección de las Cortes, elección que se llevó a cabo el 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936.
Una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una Constitución. La Ley de Reforma Política ofrecía la posibilidad de que la iniciativa de la reforma constitucional correspondiera al Gobierno o al Congreso de los Diputados, eligiéndose esta última opción. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una Ponencia de siete diputados, que elaboró un anteproyecto de Constitución. Estas siete personas, conocidas como los Padres de la Constitución fueron:
Gabriel Cisneros (UCD)
José Pedro Pérez Llorca (UCD)
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)
Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana)
Manuel Fraga Iribarne (AP)
Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso)
Jordi Solé Tura (Grupo Comunista)
El anteproyecto fue discutido en la Comisión, y, posteriormente, discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado, y el Pleno del mismo órgano.
La discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hicieron necesaria la intervención de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. Este fue votado y aprobado por las dos Cámaras. Sometido a referéndum, fue ratificado el día 6 de diciembre de 1978, sancionado el día 27 del mismo mes por el Rey, y publicado en el BOE el 29 de diciembre. Desde entonces, cada 6 de diciembre es fiesta nacional en España, celebrándose el Día de la Constitución.
Reformas constitucionales
El artículo 13.2 del Título I de la Constitución fue reformado el 27 de agosto de 1992 para extender a todos los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a votar (sufragio activo) y el derecho a ser elegido (sufragio pasivo) en las elecciones locales
Se entiende por Transición Española el proceso por el que España logró pasar de la dictadura de Francisco Franco, a un Estado social, democrático y de derecho. Las fechas de duración más aceptadas son el 20 de noviembre de 1975 para su inicio (fallecimiento del dictador) y el 28 de octubre de 1982 (victoria electoral del PSOE) para su finalización.
El papel político del Rey Juan Carlos I
La muerte del general Franco convirtió en protagonista político a Don Juan Carlos de Borbón. Hasta noviembre de 1975 el príncipe se había mantenido en un discreto segundo plano siguiendo las pautas marcadas por Franco. Pero la desaparición del general iba a poner en evidencia que Don Juan Carlos tenía un proyecto político. En realidad se trataba del proyecto que su padre, Don Juan de Borbón, defendía desde 1946: el de facilitar, como rey de España, la implantación de un sistema político democrático en el país.
De hecho era un proyecto que contaba con amplios apoyos dentro y fuera de España. Los países occidentales, encabezados por los Estados Unidos, lo deseaban. Un sector importante del capitalismo español e internacional lo apadrinaba. Una parte muy destacada de la oposición al franquismo apostaba también por ésta salida política para el país. Incluso era una solución que contaba cada vez con más partidarios dentro del régimen franquista.
Así pues, la transición podía parecer fácil, pero en realidad no lo era. El fantasma de la guerra civil parecía agitarse aún ante un país en el que existían grupos radicales de extrema izquierda y donde tampoco faltaban grupos franquistas de extrema derecha que contaban con un apoyo considerable dentro del ejército. Si llegaba a producirse una situación política incontrolable, cualquier chispa podría iniciar un temible proceso de acción-reacción.
La realización de dicho proyecto exigía que la oposición controlara a sus partidarios para evitar cualquier provocación y que el ejército no cayera en la tentación de intervenir en el proceso político para salvar las estructuras franquistas. En esta doble dirección se movió la actuación política de Don Juan Carlos y sus colaboradores.
Don Juan Carlos inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado para el nombramiento de su primer jefe de gobierno. Sólo que en su discurso ante las Cortes se mostró abierto a la transformación del sistema político español.
El primer gobierno de la monarquía (enero-julio de 1976)
El primer gobierno de Don Juan Carlos fue presidido por Carlos Arias Navarro. El rey se ajustó para este nombramiento a las pautas marcadas por la Ley Orgánica del Estado de 1966: el Consejo del Reino propuso una terna de candidatos y, de ellos, el rey escogió a Arias Navarro.
El nombramiento de Arias Navarro ofrecía un panorama claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas. Sin embargo entraron a formar parte del nuevo gobierno tres personalidades que, habiendo colaborado con el régimen franquista, eran, en 1976, partidarias decididas de la transición hacia un régimen democrático. José María de Areilza, que formó parte del Consejo Privado de Don Juan, ocupó la cartera de Asuntos Exteriores. El diplomático Antonio Garrigues y Díaz Cañabate fue nombrado Ministro de Justicia. Manuel Fraga Iribarne se hizo cargo de la cartera de Gobernación. Pero, para mantener el equilibrio, se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.
Hubo otros dos nombramientos que, con el tiempo, se revelaron muy importantes para el cambio político: Torcuato Fernández Miranda, un profesor universitario procedente de las filas del Movimiento, ocupaba la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino; y Adolfo Suárez, que también había hecho su carrera política dentro del Movimiento, se haría cargo de la Secretaría General del Movimiento con rango de ministro.
La situación que tenía que afrontar el nuevo gobierno era harto difícil. La agitación de la oposición iba en aumento, las manifestaciones en petición de amnistía eran frecuentes y en el País Vasco la tensión crecía sin cesar. ETA prosiguió con sus atentados y el apoyo popular con que podía contar se manifestaba en múltiples actos de protesta. A principios de marzo de 1976 una huelga general en Vitoria que duraba ya muchos días estalló forma de agitación callejera a la que la policía respondió con dureza; el resultado fue la muerte de tres personas y la pérdida de prestigio del ministro Fraga, que preconizaba una política de mano dura ante la agitación.
Por otra parte los grupos de la oposición se mostraban cada vez más impacientes exigiendo el desmantelamiento del régimen franquista en un plazo breve. La reunión de las fuerzas políticas de la oposición en marzo de 1976 dio origen a la creación de un organismo, "Coordinación Democrática", que manifestó claramente que no aceptaría ninguna operación política de maquillaje del sistema franquista. Y, sin embargo, esto era lo único que tenía previsto Arias Navarro: pequeños retoques a la legalidad franquista. Pero algunos de sus ministros ya sabía que era preciso llegar mucho más lejos.
José María de Areilza, en el viaje que realizó a los Estados Unidos acompañando al rey, en junio de 1976, se manifestó totalmente partidario de la implantación de un sistema democrático en España. Adolfo Suárez mantenía frecuentes contactos con miembros de la oposición moderada para planificar los primeros pasos de la transición. Por otra parte fue también el mismo rey quien, durante el viaje a Estados Unidos, se declaró plenamente favorable a la implantación de un sistema democrático en España. Por fin, ante los retrasos y reticencias de Arias Navarro, don Juan Carlos le exigió la dimisión (julio de 1976).
El primer gobierno de Adolfo Suárez (julio de 1976 - junio de 1977)
Fue Fernández Miranda, como presidente del Consejo del Reino, quien logró que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez. Éste fue escogido por el rey porque reunía las condiciones necesarias para realizar una operación política de evidente dificultad: convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que desmantelaran dicho sistema. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y se orillaba, en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición.
Adolfo Suárez presentó rápidamente un programa político muy claro basado en dos puntos:
Elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en Referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para implantar en España un sistema de democracia liberal.
Convocatoria de elecciones democráticas en junio de 1977 para elegir unas Cortes encargadas de redactar la nueva Constitución democrática.
El programa era claro e inequívoco, pero su realización fue muy difícil y puso a prueba la capacidad política de Adolfo Suárez. Éste tenía que convencer a la oposición para que entrara en su juego y al ejército para que no interrumpiera el proceso, además tenía que controlar la situación en el País Vasco, que se estaba haciendo insostenible por días.
Pero a pesar de todas las dificultades, el proyecto de Suárez se fue aplicando sin dilaciones entre julio de 1976 y junio de 1977.
La realización del programa de Suárez (julio de 1976 - junio de 1977)
En este breve periodo de tiempo Adolfo Suárez tuvo que actuar en varios frentes para realizar su proyecto reformista.
La Ley para la Reforma Política
El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el gobierno de Suárez en septiembre de 1976. Esta ley tenía que abrir la puerta un sistema de democracia parlamentaria en España. Esta ley no concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Esta ley venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue debatida por las Cortes que, bajo la hábil presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos negativos y 13 abstenciones.
El gobierno de Suárez quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un Referéndum en el que participó el 77,72% del censo electoral: el 94% de los participantes en el referéndum dieron un voto afirmativo.
A partir de este momento se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, que serviría para elegir a los diputados de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una Constitución democrática.
Pero para que este segundo punto pudiera realizarse Suárez tenía que resolver un problema crucial: ¿aceptarían los grupos de la oposición colaborar en el proceso de transición política que se había iniciado sin su participación? Para resolver este problema tuvo que abordar otro tema muy delicado: el de los pactos con la oposición antifranquista.
Relaciones del gobierno de Suárez con la oposición
Para dar credibilidad a su proyecto, Suárez fue adoptando una serie de medidas políticas. En julio de 1976 hubo una amnistía política parcial que fue ampliada en marzo de 1977 y que se convirtió en total en mayo del mismo año. En diciembre de 1976 fue disuelto el TOP. En marzo de 1977 se legalizó el derecho de huelga y en abril del mismo año se decretó la libertad sindical. También en marzo de 1977 se promulgó una Ley Electoral que cumplía las condiciones necesarias para ser homologada con las de los países que tenían un sistema de democracia liberal parlamentaria.
Con todas estas medidas de gobierno, Suárez iba cumpliendo las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Estas fuerzas opositoras se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una Plataforma de Organizaciones Democráticas.
Suárez había iniciado sus contactos políticos con la oposición entrevistándose con Felipe González, secretario general del PSOE, en agosto de 1976. La actitud posibilista del líder socialista dio alas a Suárez para llevar adelante su proyecto político, pero todo el mundo percibía claramente que el gran problema para la normalización política del país iba a ser la legalización del Partido Comunista. Éste constituía, en aquel momento, el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición, pero, en una entrevista que tuvo Suárez con los mandos más destacados del ejército (septiembre de 1976), éstos le manifestaron claramente su oposición frontal a la legalización del PCE.
El PCE, por su parte, actuaba cada vez más públicamente para exponer sus puntos de vista: según los comunistas, la Ley para la Reforma Política era antidemocrática y, además, las elecciones para las Cortes Constituyentes tenían que ser convocadas por un gobierno provisional del que formaran parte las fuerzas políticas de la oposición. Dado que, además, la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por la Ley para la Reforma Política, Suárez tuvo que arriesgarse aún más para implicar en su juego a las fuerzas del oposición.
En diciembre de 1976, el PSOE celebraba en Madrid su XXVII Congreso y empezaba a desmarcarse de las exigencias del PCE, afirmando que pensaba participar en la próxima convocatoria electoral para las Cortes Constituyentes. Al empezar el año 1977, el año de las elecciones, Suárez se decidió afrontar el problema de la legalización del PCE. En febrero de este año se entrevistó con Santiago Carrillo, secretario del PCE, convencido de que el proceso de la normalización política no era viable si se hacía al margen del PCE. La disposición de Carrillo a colaborar sin exigencias previas y su ofrecimiento de un "pacto social" para el periodo posterior a las elecciones, empujaron a Suárez a dar el paso más arriesgado de la transición: la legalización del PCE (abril de 1977).
Relaciones del gobierno de Suárez con el ejército
Adolfo Suárez conocía bien que el llamado "búnker" (el grupo de los "duros" del franquismo, dirigido por José Antonio Girón y Blas Piñar, que tenía como portavoz del periódico El Alcázar) tenía muy buenos contactos con oficiales del ejército y ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores militares. Estas fuerzas podían constituir un obstáculo insalvable si lograban poner al ejército en contra de la reforma política.
Para salvar ésta dificultad, Suárez intentó apoyarse en el grupo de militares más liberales del círculo del general Díez Alegría, a los que intentó colocar de los puestos de mayor responsabilidad. La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del ejército fue el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero en julio de 1976 el vicepresidente para asuntos de Defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista del ejército. De Santiago, que había manifestado su inquietud ante la primera amnistía de julio de 1976, se opuso frontalmente a la Ley de Libertad Sindical, elaborada por el gobierno en septiembre del mismo año. En este momento Suárez quiso imponer su autoridad en el gobierno: destituyó a Fernando de Santiago (21 de septiembre) y nombró en su lugar a general Manuel Gutiérrez Mellado. Este enfrentamiento con el general De Santiago le acarreó a Suárez la oposición de un amplio sector del ejército, oposición que se agudizó aún más si cabe con la legalización del PCE (abril de 1977).
Pero entretanto Gutiérrez Mellado actuaba con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma política y para sustituir a los mandos de las fuerzas de seguridad (Policía Armada y Guardia Civil) que parecían más partidarios de conservar el régimen franquista.
En realidad Suárez quería demostrar al ejército que la normalización política del país no implicaba ni la anarquía ni la revolución. Para ello contaba con la colaboración de Santiago Carrillo; pero no pudo contar en absoluto con la colaboración de los grupos terroristas.
El terrorismo se reactiva
El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este periodo, en plena ebullición política. Las reivindicaciones de amnistía política obligaron a Adolfo Suárez a irla concediendo en distintas etapas hasta la amnistía total de mayo de 1977. Pero los enfrentamientos continuos entre policía y manifestantes no ayudaban precisamente a serenar los ánimos. ETA, que en el verano de 1976 parecía haber abierto una cierta tregua, reemprendió sus acciones terroristas en octubre del mismo año. Pero fue sobre todo entre diciembre de 1976 y enero de 1977 cuando se desencadenó un conjunto de acciones terroristas que mantuvieron al país en una situación de fuerte tensión.
Primero fue el GRAPO, que empezó colocando varias bombas y siguió con el secuestro de dos importantes personalidades del régimen: el Presidente del Consejo de Estado, José María de Oriol, y el general Villaescusa, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. Y, mientras duraban estos secuestros, un comando de la ultraderecha asesinaba a seis personas, cinco de ellas abogados laboralistas miembros del PCE, en un despacho de la calle de Atocha en Madrid.
Toda esta operación terrorista sonaba a maniobra de provocación, pero en aquellos momentos dramáticos Suárez consiguió que, por primera vez, buena parte de los líderes de la oposición reunidos con el Presidente del Gobierno, publicarán un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación de Suárez.
Sin embargo, las fuerzas del búnker se aprovecharon de la inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el caos.
Salvando todo este cúmulo de dificultades se pudo llegar al mes de junio fijado para la celebración de las elecciones a Cortes Constituyentes.
Las primeras elecciones y la redacción de la Constitución
Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977 y consagraron la existencia de cuatro importantes fuerzas políticas a nivel nacional, que se repartieron los votos emitidos de ésta forma:
Unión de Centro Democrático (UCD): 31,1%
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 28,6%
Partido Comunista de España (PCE): 9,4%
Alianza Popular (AP): 8,5%
En estas elecciones también empezó a manifestarse la fuerza electoral de los partidos nacionalistas en sus respectivos ámbitos: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Las Cortes empezaron a trabajar en la redacción de la Constitución en el verano de 1977 y, una vez terminado el texto constitucional, en el que se plasmó el acuerdo de las principales fuerzas políticas presentes en las Cortes, aquélla fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Los gobiernos de UCD
El gobierno se mantuvo en manos de la UCD por ser éste el partido que obtuvo mayor cantidad de votos, tanto en junio de 1977 como en marzo de 1979 (véase Legislatura Constituyente de España y I Legislatura de España). Pero para poder realizar su labor en el Parlamento, la UCD tuvo que pactar con otros partidos políticos, ya que no había obtenido en ninguna de las dos elecciones la mayoría absoluta de escaños.
La tarea ordinaria de gobierno que tuvo que realizar el partido desde 1979 puso de manifiesto la existencia de tendencias muy diversas dentro de la UCD (que no hay que olvidar que procedía de una coalición de partidos).
Los enfrentamientos entre las varias tendencias dentro del partido fueron desgastando la autoridad de Adolfo Suárez y su papel dirigente. La tensión estalló a partir de 1981: dimisión de Suárez como jefe de gobierno, nombramiento de Calvo Sotelo al frente del nuevo gabinete, abandono del partido por parte de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez y nombramiento de Calvo Sotelo como nuevo presidente de la UCD.
Entre las elecciones generales de 1979 y las de 1982, UCD pasó de ser el partido más votado a sufrir una espectacular derrota. Estos hechos acentuaron las tensiones internas del partido y del Gobierno y empujaron a Calvo Sotelo a disolver al parlamento y convocar elecciones para octubre de 1982.
La normalización democrática no evitó la continuación de las acciones terroristas de ETA y, en menor escala, del GRAPO. Paralelamente se detectaba una situación de desasosiego en varios sectores de las Fuerzas Armadas que hacían temer la preparación de un golpe militar. La ocupación del Congreso de los Diputados, la tarde del 23 de febrero de 1981 por un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero no alcanzó su objetivo, pero mostró claramente la existencia de una tendencia golpista dentro del ejército (véase Golpe de Estado de 1981 en España).
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El PSOE como partido de gobierno
Las elecciones de octubre de 1982 dieron la mayoría absoluta en el Parlamento al PSOE. Este partido llevaba ya varios años preparando su imagen de alternativa de gobierno.
En el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979) su secretario general, Felipe González, no quiso asumir las tendencias fuertemente revolucionarias que parecían dominantes en el partido; por esto presentó la dimisión de su cargo. Pero la convocatoria de un congreso extraordinario (septiembre de 1979) le permitió reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo de secretario general.
A lo largo de 1982 el PSOE confirmó su línea moderada con el acercamiento al grupo socialdemócrata de Fernández Ordoñez, que acababa de separarse de la UCD.
La obtención de la mayoría absoluta del parlamento en tres procesos electorales consecutivos (1982, 1986 y 1989) permitió al PSOE legislar y gobernar sin establecer pactos con otras fuerzas políticas parlamentarias. De esta forma, el PSOE pudo convertir en leyes muchos de los puntos de su programa. A la vez, el Partido Socialista, ha dirigido en este periodo muchas administraciones locales y autonómicas. En definitiva, la cómoda mayoría política de que ha gozado ha permitido al PSOE dar al país un largo periodo de tranquilidad y estabilidad política, tras los intensos años la transición.
Constitución española de 1978
La Constitución española de 1978 es la culminación de un periodo de la Historia de España conocido como Transición Española.
Concepto
La Constitución española de 1978 es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico español. Toda norma contraria a la Constitución será expulsada del ordenamiento jurídico, siendo el único competente para ello el Tribunal Constitucional. Siguiendo la línea de la estructura de las constituciones de la Edad Moderna, la Constitución española de 1978 consta de dos partes claramente diferenciadas:
Parte dogmática
En esta parte de la norma jurídica se hace una declaración de principios que indican y recogen los valores imperantes en la sociedad que la promulga. En la Constitución Española la parte dogmática está constituida por las siguientes partes:
Preámbulo
Título preliminar (artículos 1 a 9).
Título I, denominado «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55).
En la parte dogmática aparecen los principales derechos constitucionales de los ciudadanos españoles. A su vez, el Título preliminar contiene los Principios constitucionales que determinan la configuración del Estado y sus señas de identidad.
Parte orgánica
Se diseña la estructura del Estado regulando los órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema español conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu, entre Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial. Los apartados correspondientes en la Constitución Española son los siguientes:
Título II, «De la Corona» (artículos 56 a 65)
Título III, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96)
Título IV, «Del Gobierno y de la Administración» (artículos 97 a 107)
Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (artículos 108 a 116)
Título VI, «Del poder judicial» (artículos 117 a 127)
Título VII, «Economía y Hacienda» (artículos 128 a 136)
Título VIII, «De la organización territorial del Estado» (artículos 137 a 158)
Título IX, «Del Tribunal Constitucional» (artículos 159 a 165)
Título X, «De la reforma constitucional» (artículos 166 a 169)
La Constitución finaliza con las Disposiciones Adicionales, Transitoria, derogatoria y final.
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Historia
Vea Historia del constitucionalismo español para saber más sobre la historia constitucional de España.
Como parte de la Transición Española hacia la democracia, la muerte del dictador General Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, supuso la proclamación como Rey de Don Juan Carlos I, y poco después (en julio de 1976) la formación de un Gobierno presidido por Adolfo Suárez González, y designado según la legislación vigente. El Gobierno envió, en octubre de 1976, a las Cortes un proyecto de Ley para la Reforma política, que fue aprobado por las Cortes, y, posteriormente, y según todos los requisitos exigidos por las Leyes Fundamentales (señaladamente la Ley de Sucesión) sometido a referéndum.
Esta Ley para la Reforma política venía a suponer una notable alteración de las leyes fundamentales, sin introducir ella misma un sistema democratico-constitucional pero haciendo posible la creación de éste. La Ley se insertaba formalmente en el ordenamiento vigente (su disposición final la definía expresamente como «Ley fundamental») pero difería radicalmente en su espíritu de ese ordenamiento, ya que:
- Reconocía los derechos fundamentales de la persona como inviolables (artículo 1)
- Confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular (artículo 2), y
- Preveía un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de representación proporcional.
Posteriormente el Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo, reguló el procedimiento para la elección de las Cortes, elección que se llevó a cabo el 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936.
Una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una Constitución. La Ley de Reforma Política ofrecía la posibilidad de que la iniciativa de la reforma constitucional correspondiera al Gobierno o al Congreso de los Diputados, eligiéndose esta última opción. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una Ponencia de siete diputados, que elaboró un anteproyecto de Constitución. Estas siete personas, conocidas como los Padres de la Constitución fueron:
Gabriel Cisneros (UCD)
José Pedro Pérez Llorca (UCD)
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)
Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana)
Manuel Fraga Iribarne (AP)
Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso)
Jordi Solé Tura (Grupo Comunista)
El anteproyecto fue discutido en la Comisión, y, posteriormente, discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado, y el Pleno del mismo órgano.
La discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hicieron necesaria la intervención de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. Este fue votado y aprobado por las dos Cámaras. Sometido a referéndum, fue ratificado el día 6 de diciembre de 1978, sancionado el día 27 del mismo mes por el Rey, y publicado en el BOE el 29 de diciembre. Desde entonces, cada 6 de diciembre es fiesta nacional en España, celebrándose el Día de la Constitución.
Reformas constitucionales
El artículo 13.2 del Título I de la Constitución fue reformado el 27 de agosto de 1992 para extender a todos los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a votar (sufragio activo) y el derecho a ser elegido (sufragio pasivo) en las elecciones locales
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